El limbo legal de la prostitución

Levantarse. O mejor aún, no acostarse. Acudir al trabajo cada vez que suena el teléfono, pero ansiar esas llamadas porque sin ellas no hay dinero. Aguantar insultos, vejaciones o agresiones. En ocasiones, tener que ceder un porcentaje de lo que tú, con tu sudor y esfuerzo, has ganado. Oír murmullos, ver miradas y sentir desprecios por desempeñar tu trabajo. No tener derecho a que un médico te atienda cuando enfermas, porque tampoco puedes cotizar a la Seguridad Social. ¿Trabajarías así?

La prostitución es una realidad presente en calles, pisos y clubes de todo el mundo. Para muchos, además de una realidad se convierte en un problema. Para otras -porque el 93 % de quienes la practican son mujeres– en un estigma y en un limbo legal. El ejercicio de este oficio se produce en muchas ocasiones bajo un contexto de coacción, abuso y violencia. Pero, tal y como señala la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en el momento en que se cae en tales circunstancias, deja de hablarse de prostitución para pasar a una situación de hechos denunciables.

En la actualidad, las cifras de prostitutas a nivel nacional bailan, y van desde las 300.000 hasta las 500.000; la concreción es prácticamente imposible, porque la prostitución es una actividad alegal, es decir, no se encuentra regulada ni perseguida por la ley. La única legislación relacionada es la que se puede encontrar en los artículos 178, 181, 187 y 188 del Código Penal, referidos a las penas aplicadas al proxenetismo y al sexo con menores o con personas discapacitadas, y a la defensa de la libertad sexual de cada individuo. Sin embargo, las condiciones legales de las prostitutas quedan inmersas en un vacío jurisdiccional.

Situación legislativa de la prostitución en España. | Fuente: elaboración propia.

Situación legislativa de la prostitución en España. | Fuente: elaboración propia.

A pesar de esta alegalidad sobre el papel, lo cierto es que las condiciones nacionales hacen que las prostitutas se vean obligadas a asumir una identidad que se encuentra descalificada por gran parte de la sociedad y que la prostitución sea vista, de cualquier forma, como una actividad ilícita. A esta situación hay que añadir las legislaciones especiales de algunas ciudades. Tal y como señalaba Morales en 2011, las normativas de Barcelona o Granada recogen multas y sanciones de hasta 3.000 euros y penas de prisión para proxenetas, prostitutas y clientes de la prostitución que se realice en espacios urbanos.

Este limbo legal supone también que todo el dinero que mueve la prostitución -se calcula que 18.000 millones de euros anuales, según los Estudios de Cooperación para el Desarrollo de la Seguridad Social- caiga en el saco roto de la economía sumergida. Es decir, en una hipotética legalización, las arcas públicas se embolsarían una cuantía próxima a los 2.880 millones de euros al año.

Ni derechos, ni deberes

La situación de alegalidad española viola once de los 30 principios recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas mujeres -y hombres- que se dedican a la prostitución lo hacen bajo circunstancias de esclavitud, pero también existen casos en los que este oficio se realiza de forma voluntaria. Una legislación concreta ayudaría a distinguir ambos casos y a condenar a las mafias que trafican con personas.

Además, el vacío legal condena a las prostitutas a una situación de carencia total de derechos y deberes. No poseen acceso a la seguridad, ni el deber de cotizar a ella con sus correspondientes impuestos. Pero tampoco tienen derechos económicos, sociales ni culturales, que según cita la Declaración de los Derechos Humanos, resultan «indispensables a la dignidad de toda persona y al libre desarrollo de su personalidad».

Ejercer la prostitución en España conlleva un vacío total de derechos y deberes. | Fuente: Pixabay.com.

Ejercer la prostitución en España conlleva un vacío total de derechos y deberes. | Fuente: Pixabay.com.

Por supuesto, el limbo se extiende a los derechos laborales. Ser prostituta no es una elección en España, puesto que este oficio no se reconoce como profesión. Tampoco tienen acceso a unas condiciones equitativas con respecto al resto de los trabajos ni a la protección contra el desempleo, todos ellos derechos fundamentales recogidos en la anteriormente citada Declaración.

La situación se agrava cuando una persona, además de prostituta, es inmigrante, situación que comparten el 85 % de las mujeres que ejercer la prostitución en España. Según la Ley de Extranjería, quienes deseen permanecer en territorio español deberán poseer recursos suficientes como para costearse su estancia, o bien encontrar un empleo por cuenta propia o ajena.  En base a este artículo, una persona que quiera o necesite dedicarse a la prostitución y, además, sea extranjera, tiene cerrada una de las dos vías para regular su situación y conseguir los papeles.

La prostitución es una realidad que, finalmente, afecta a la sociedad por completo. Se trata de personas, de un oficio, de mafias, de derechos y deberes, de economía y, en muchos casos, de necesidad. Es una realidad de una magnitud enorme. Un Estado del Bienestar debería, al menos, contemplar en sus leyes todas aquellas cuestiones que, de una u otra forma, vayan a formar parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Y recuerden, cada uno debería poder hacer con su cuerpo lo que desee.

Imagen de portada: Flickr.com.
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