Internet es el caldo de cultivo de todo. Crecen opiniones, se plantan negocios, se conectan individuos, se compra y se vende. Muchas veces es, también, la cortina detrás de la que la gente puede expresar (o investigar) aquello que es tabú; a menudo, lo que tiene que ver con el sexo.
Hasta ahora, un mecanismo importante, aunque bastante desconocido del crecimiento de Internet era una ley. Sí, efectivamente, aparte de la tecnología el marco legal ha permitido que surjan herramientas como Facebook, Youtube, Twitter y otras páginas que usamos cotidianamente. Es lo que ha ayudado a que Internet sea tal y como lo conocemos hoy, con sus páginas de anuncios de contactos, páginas sobre sexo, sobre fetichismo y con mucho, mucho porno.
Y es que, en EEUU, esa gran incubadora para la red, la sección 230 de la Ley de Decencia en los Medios de Comunicación (CDA) velaba por la seguridad de los creadores, dueños o administradores de las páginas y otros servicios de la red. La ley venía a decir que las páginas no eran responsables de lo que terceros escribieran en ellas.
Sin embargo, como parte de de las leyes contra el tráfico sexual, SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers -Dejar de habilitar a los traficantes sexuales) y FOSTA (Act Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act -La ley permite que los estados y las víctimas luchen contra la ley detráfico sexual en línea), esto ha empezado a cambiar. La CDA 230 ha sido matizada para que los usuarios y proveedores de las páginas web donde se facilite la trata sexual puedan ser condenados e investigados.
SESTA y FOSTA son producto de una lucha de diez años de víctimas de trata sexual, muchas de ellas menores, y sus familias contra las páginas web donde fueran anunciadas por sus traficantes. El caso, desde luego, indigna. La web Backpage albergaba en anuncios para servicios sexuales, algunos de victimas de trata, incluidas menores.
Tras las primeras denuncias a la plataforma, esta se comprometió a contratar unos moderadores que detectaran anuncios con contenido delictivo. Sin embargo, según demostró la acusación, la labor encargada a los moderadores era aprobar todos los anuncios. Frecuentemente su trabajo consistía en cambiar las palabras polémicas como “colegiala” “lolita” “niña” por otras más neutrales, como “new” o por emoticonos.
Existía un autentico lenguaje en clave, a través del cual se explicaba qué prácticas y que tiempos se estaban ofertando. Un lenguaje conocido entre los usuarios de estos servicios en complicidad de los operarios de la webside, de forma que se estaban escondiendo casos de trata. El motivo por el que la página web se fue librando de condena tras condena fue el argumento de la CDA 230. Hasta que se aprobaron SESTA y FOSTA.
Detrás de la SESTA y FOSTA
El documental “I am Jane Doe”, que se puede visualizar en la plataforma Netflix puede ser buen punto de inicio para quien se quiera saber más sobre la polémica. Jane Doe, traducido al español significaría algo así como “Mengana de Tal” un eufemismo usando en el mundo policial y judicial, para designar casos anónimos o con identidad desconocida que se refieren a mujeres.
El caso Jane Doe contra Backpage ha llegado a sentar en el banquillo como cómplices de explotación sexual a los dueños de la web, que forma parte de un conglomerado de medios de comunicación. La página era propiedad de Villace Voice, una revista que fue comprada por New York Times Media: propiedad de, entre otros Jim Larkin y Michael Lacey, creadores de The New York Times. Teniendo en cuenta su influencia en una gran parte de los medios de comunicación estadounidenses no es extraño las pocas publicaciones encontradas sobre este caso en los grandes medios.
Ahora bien, conociendo el preámbulo, estas leyes parecen una buena medida para evitar las herramientas que están facilitando la explotación de mujeres, niñas y niños en Internet. Sin embargo el Día Internacional de la Trabajadora Sexual hubo una manifestación en contra de estas medidas.
El grupo de presión de las trabajadoras y trabajadores sexuales gritaba que quería “mandar al paredón las leyes SESTA y FOSTA”. ¿Por qué? Las trabajadoras sexuales alegan que esta ley contribuye a su desprotección. Cuando su trabajo no es reconocido legalmente, no tienen convenios legales en los de los que basar sus derechos laborales, no tienen seguros medico, no ganan dinero legal y tienen difícil acudir a la policía si las cosas se complican, Internet es un marco más seguro donde moverse que la calle.
Pero sus puertas se están cerrando con esta nueva legislación. Y es que FOSTA-SESTA implican mucho más que una vigilancia a la trata en Internet, han sentado un precedente de control sobre quién habla o quien hace negocio del sexo en Internet.
Para entender esto las trabajadoras sexuales explican las formas en las que Internet había ampliado la seguridad en su entorno laboral. Las páginas ahora cerradas como Craiglist, o clausuradas como Backpage, permitían a las trabajadoras sexuales escoger a sus clientes a través de las referencias de compañeras e investigarles. Y es que la ley no se ha limitado a cerrar páginas donde estuviera demostrado que habían existido casos de trata, también ha cerrado perfiles en páginas de escort como Eros.com.
Páginas que ofrecían el servicio de bases de datos con números de los clientes para poder corroborar que los datos no fueran falsos o si había alguna señal de alerta como vetos de otras compañeras. Además en ellas había canales de pago y cobro seguros, incluyendo adelantos. El cierre de las páginas y el control de los perfiles obliga a las trabajadoras sexuales a salir a la calle, donde juzgar a un cliente a primera vista no es tan fácil.
Melanie Thompson, víctima de trata y parte del grupo de presión a favor de SESTA-FOSTA que fue entrevistada por el periodista John Stanton para BuzzFeed News. Afirma que “el objetivo de la ley no era la gente. Era la página web o páginas web. Muchos a favor del trabajo sexual se molestan por que han cerrado las páginas. Pero, para ser honestos, nunca pedimos que las cerraran, solo que rindieran cuentas”[1].
Sin embargo, SESTA-FOSTA han ido más allá de cerrar estas páginas y, desde luego, más allá de rendir cuentas, han generado un control en lo que podemos publicar en Internet. El trabajo sexual no es solo la prostitución, abarca webcamers, porno, bailes, escort, fetichismo etc. El trabajo sexual y la información sexual son mucho más, e implican mucho más que la penetración.
¿No es cierto que una gran cantidad de la población usamos alguno de los estimulantes sexuales que se encuentran en la red? Después de la aprobación de estas leyes, no solo las páginas de anuncios han cerrado: tanto Google como Microsoft han aplicado censura en el lenguaje o las imágenes de contenido sexual.
Skype y otras páginas de vídeo en streaming están controlando y cerrando los perfiles que desarrollan contenido para adultos, lo que afecta a webcammers y el mundo del porno. El control llega más allá, Google ha cerrado numerosas cuentas privadas de Drive donde había contenido sexual, según explica Motherboard y El estante de la citi.
La censura también puede ser más sutil como es el caso del shadowbanning, denunciado desde el mundo del porno. A través de esta práctica, plataformas como Twitter estarían haciendo más difícil encontrar los perfiles con contenido sexual, haciéndolas desaparecer de sus buscadores e impidiendo la movilización de sus hashtag o tweets más allá de las redes de contactos de estos perfiles.
Por otra parte, teniendo en cuenta el riesgo penal, otras páginas como FetLife, enfocadas en el fetichismo y al BDSM han tenido que tomar medidas de autocontrol del comercio entre sus usuarios. Es posible que detrás de estas leyes, más allá de combatir la trata se está frenando el derecho de expresión sobre el sexo en Internet. Dicho de manera burda se intenta cerrar la boca a los/as trabajadores/as del sexo.
Yendo un poco más allá, como denuncian desde STRASS, sindicato de trabajo sexual francés, si se estudia poco la diferencia entre trata y trabajo sexual se acaba condenando a las redes de apoyo que las trabajadoras sexuales tienen.
Por ejemplo, en lugares donde se penaliza al cliente, como es Francia, se consideran traficantes a aquellos que facilitan la práctica de la prostitución o otros servicios sexuales: aquella persona que presta o alquila una casa donde se realizan servicios sexuales consensuados puede ser condenado a la misma pena que alguien que secuestra a una persona para que abusen sexualmente de ella y lucrarse de ello: un traficante.
STRASS, OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), el Colectivo Hetaira y otras organizaciones denuncian que las posturas abolicionistas con la prostitución desprotegen a su colectivo, ponen barreras a sus derechos y a sus voces, las estigmatizan e infantilizan. El prohibicionismo, el silencio y la falta de derecho generaran unas peores condiciones dentro del mundo del trabajo sexual, que no va a desaparecer pero se va a tener que esconder. Y, cuando algo está oculto es más fácil que las actividades como la trata sexual tengan un espacio donde surgir.
