La prostitución en España existe, pero no hay ningún registro oficial en el que se pueda encontrar a las personas que la ejercen. Tampoco se encuentra perseguida por las fuerzas del Estado, sino que vive una situación de alegalidad, un limbo jurídico en el que ni es legal ni es ilegal. Tan solo está prohibido el proxenetismo, pero no es un mundo fácil de controlar. De esta manera, quienes la practican no cuentan con los derechos y obligaciones subyacentes a cualquier oficio reconocido.
Un mundo negro de por sí con cuentas también en negro, ya que ni la Seguridad Social ni la Agencia Tributaria saben nada de todos esos euros que circulan todas las noches, mañanas y tardes en las afueras de las ciudades, en pisos francos y en cualquier punto de intercambio de sexo por dinero. Uno de los argumentos que esgrimen los defensores de una prostitución libre se apoya en el ámbito económico, ya no en lo referido a los derechos de estas mujeres y hombres, sino por los ingresos que el Estado podría recibir.
Estimaciones poco actuales
Dado que en este país prostituirse, tanto de forma voluntaria como forzosa, no está contemplado por las leyes, no hay muchos estudios sobre esta cuestión y menos aún verdaderamente recientes. Según los cálculos de Brufao en 2008, unas 300.000 mujeres se ganan la vida de esta manera, un 20% en la calle y el resto en los más de 3.600 burdeles o prostíbulos repartidos por la Península.
El último trabajo oficial al respecto es el Estudio y Cooperación para el desarrollo, obra de la Seguridad Social en 2006. Han pasado casi diez años, un signo de que uno de los grandes problemas de la prostitución en España es que no se aborda como se debería desde los organismos públicos.
Estas estimaciones (de 2006, de modo que es probable que actualmente sean superiores) señalan que la prostitución mueve anualmente en España unos 18.000 millones de euros (el 1,72% del PIB español en 2014). Esta suma equivale a 50 millones cada día, pues se considera que cada persona que la ejerce recauda una media de 123 euros diarios, que serían un total de 3.700 si trabaja todos los días del mes. Hay que destacar que no se incluyen movimientos indirectos, como podrían ser alquileres de locales, consumo de bebidas en estos lugares, pagos a proveedores o ingresos alternativos.
Casi 3.000 millones de euros en el aire
Además, esta observación considera que cada mujer genera unos 45.000 euros anuales, una cifra considerable que muchos oficios desearían. Dentro de los 15 millones de varones que son potenciales de consumir prostitución, cada uno que recurre a ella gastaría 100 euros mensuales como promedio. A partir de una hipotética legalización de la prostitución, como defienden incluso algunos partidos políticos, según los datos de este informe de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria podría recaudar un total de 2.880 millones de euros anuales.
La normalización de la prostitución supondría que las trabajadoras, clientes y empresarios de la misma afrontaran una carga impositiva previamente determinada por la Administración, que se haría con un porcentaje concreto de los millones que mueve anualmente todo lo relacionado con la prostitución en el país.
Además, la Tesorería de la Seguridad Social estimó en 2005, en base a la cuota para los empleados por cuenta propia en ese momento (234 euros cada mes), que los ingresos rondarían los 1.124 millones de euros anuales. Esta cantidad sería casi una décima parte del ingreso que obtuvo la Seguridad Social en 2006, unos 11.681 millones.
Por otro lado, un artículo publicado en el diario ABC (2014) dice que según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el ente público podría recaudar unos 6.000 millones de euros procedentes de la prostitución. Esta cantidad provendría del 30% de tasa impositiva que grava este servicio, que como anteriormente se ha indicado, mueve unos 18.000 millones anuales.
Los efectos de una posible legalización de la prostitución no solo daría beneficio económico al Estado, sino que sería un avance en las condiciones laborales y personales en las que ejercen estas personas. Que alguien decidiera prostituirse haría que tuvieran la misma consideración que cualquier otra profesión, con derechos y deberes, como es el pago de impuestos directos e indirectos.
Igualmente, aunque la prostitución es un sector que controla su salud sexual más que la ciudadanía ordinaria, permitiría abarcar posibles focos de transmisión de VIH u otras ETS, dado que tendrían acceso a una Sanidad pública y Seguridad social.
Aunque sean más importantes los derechos de las personas que el dinero, actualmente cabe destacar el ámbito económico, que es un factor más a tener en cuenta de cara a conseguir que este sector sea regulado y controlado. Por desgracia, las estimaciones están desfasadas, son indicativas pero con una desactualización de casi diez años, de modo que sería importante poner estos cálculos al día para conocer exactamente qué implicaciones económicas traería consigo dotar a estas personas de derechos y deberes, como cualquier otro ciudadano con empleo.
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